Anciana vive desde hace dos años sin servicios públicos en su casa

Cecilia Rodríguez sufre artritis reumatoidea degenerativa y es atendida por la Secretaría de Salud.

La mujer de 69 años está enferma desde hace dos años y su condición empeora debido a las difíciles condiciones de vida que tiene en su casa, en el barrio Galán de Bogotá. Lo que recibe es gracias a la caridad de los vecinos.

La ambulancia de la Secretaría atendió a la mujer y la llevó al hospital San Blas, pero allí no podrá estar mucho tiempo ya que tampoco tiene recursos para mayor atención médica. "Le van a hacer chequeo, pero ella está muy delicada de salud", cuenta Martha Adelaida Rodríguez, hija de Cecilia y quien vive con ella.

Martha Adelaida, de 33 años, y su madre viven en una casa que está en mal estado por la humedad, la suciedad y el desplome de los cimientos. La mujer de 33 años ciuda de su madre durante el día y ello le impide tener un trabajo estable. "Cuando puedo, hago domicilios en manicure y pedicure", relata la mujer.

El corte de servicios se presentó luego de una pelea en la sucesión de la casa con los hijastros de Cecilia. "A raiz de la muerte de mi padrastro, los hijos de él nos amenazas con que nos van a hacer lanzamiento y realmente ellos hicieron cortar todo. Nos quitaron la puerta del baño y del patio", dice Martha. "Cocino con gasolina, con vela muchas veces cuando nos toca alumbrarnos", relata.

Ante la adversidad, Martha solo espera poder vivir en mejores condiciones, más que todo pensando en la salud de su madre.

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Dos estudiantes resultaron mutilados por protestas en Tunja

En una pedrea, en la Uptc, al parecer se presentó una explosión que dejó heridos a los jóvenes.

En tragedia terminó una de las pedreas que ya se han vuelto tradicionales entre los estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc).

Un estudiante que perdió su mano y parte de su brazo derecho y otro que perdió una pierna, se debaten a esta hora entre la vida y la muerte en el Hospital San Rafael de Tunja.

"Transcurría la protesta cuando, de repente, unos 20 pasos adentro de la puerta principal de la universidad, se escuchó una fuerte explosión y todo se convirtió en caos completo pues dos estudiantes quedaron gravemente heridos", dijo uno de los testigos.

Los dos jóvenes, de unos 22 años de edad, sufrieron las mutilaciones porque, al parecer, en un morral llevaban papas bomba y diferentes artefactos explosivos que utilizaban en medio de la revuelta, que inició sobre las 10:30 de la mañana de este martes.

"Eran cerca de 50 encapuchados que conmemoraba un aniversario más de la muerte del estudiante Tomás Herrera Cantillo en una protesta similar hace 25 años", dijo una de las directivas de la Universidad.

Una hora antes un profesor que caminaba cerca de la universidad, al parecer, pisó uno de los artefactos que cayeron en medio de la contienda entre los estudiantes y la Policía y tuvo que ser llevado de urgencia a un centro médico en el que se recupera.

A esta hora cientos de estudiantes se agolpan frente a las instalaciones del centro médico a la espera de conocer la suerte de sus compañeros mutilados y de tres más que ingresaron con diferentes heridas que sufrieron en medio de la protesta.

REDACCIÓN BOYACÁ

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No declaran nulidad del proceso contra implicadas en caso Colmenares

Abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero buscaban la libertad inmediata de sus apoderadas.

Hoy, en la sala 219A de los juzgados de Paloquemao, se reanudó la audiencia en la que el juez 11 de Conocimiento, Germán Suárez, decidió dejar en firme el proceso por la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares, y negar el recurso de nulidad solicitado por los abogados de las dos universitarias implicadas en el hecho, Laura Moreno y Jessy Quintero. (vea especial multimedia con argumentos e historias de los protagonistas del caso Colmenares).

La defensa de Laura Moreno apeló la decisión del juez, mientras que las demás partes procesales no interpusieron nuevos recursos.

Pedro Aguilar, defensor principal de Laura Moreno, señaló que a su juicio hubo una inconsistencia entre la narración de los hechos que hizo la Fiscalía en la imputación de los cargos y el delito que le tipificaron a su cliente: coautoría impropia de homicidio.

Y agregó que hay ambigüedad en la sustentación de la tesis de la Fiscalía porque la coautoría implica la existencia de un supuesto cómplice, que no ha sido identificado dentro del proceso.

En cuanto a la imputación de falso testimonio, Aguilar advirtió que las imputaciones deben tener los elementos probatorios pertinentes para que puedan sustentarse y añadió que el testimonio que Laura Moreno dio ante el fiscal del caso solo sería válido en la etapa de un juicio oral.

"No sabemos si vamos a usar el testimonio de Laura en el juicio, entonces el fiscal del caso no tenía elementos para declarar que ella había dado un falso testimonio", expresó el jurista.

Por su parte, el abogado Jaime Lombana, abogado de los familiares de Luis Colmenares, dijo que la defensa de Laura Moreno, se anticipa a una discusión sobre la claridad de la imputación, que debe darse en desarrollo del proceso, pero no en la actual instancia.

El representante de la Procuraduría estuvo de acuerdo con la decisión de no anular el proceso.

Fiscal del caso, Antonio Luis González, dice que el escenario para aclarar las sustentaciones que hace la defensa de Laura Moreno sobre la imputación era la audiencia de Control de Garantías de octubre.

Igualmente, advirtió que las dudas sobre los hechos imputados a los que se refiere el jurista Aguilar deben exponerse en el marco del juicio oral y no para intentar una nulidad del proceso.

La decisión sobre la apelación presentada por la defensa de Laura Moreno será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá en fecha por definir.

En la diligencia anterior, del 27 de febrero, y en la que originalmente se iba a presentar la acusación formal contra las estudiantes, señaladas por la Fiscalía de encubrir el supuesto crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, dijo que hubo falta de control de legalidad en la imputación realizada en octubre del 2011 contra su cliente y alegó violación del derecho de defensa, en cuanto a la construcción del cargo de falso testimonio, y la ruptura indebida del proceso anunciada por el fiscal del caso,

Por su parte, Silvio San Martín, abogado de Jessy Quintero, había dicho que en la imputación de los cargos no hubo una descripción completa de tiempo, modo y lugar, y porque a la joven se la había violado el derecho de la no autoincriminación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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Atribuyen a omisión de Ecopetrol la tragedia de Dosquebradas

Contraloría considera que este factor incidió en explosión que dejó 32 muertos.

Las investigaciones de la Contraloría por la explosión del poliducto Puerto Salgar-Cartago, que en diciembre dejó 32 muertos y más de 80 heridos en Dosquebradas (Risaralda), apuntan a la falta de mantenimiento de la tubería como origen de la tragedia.

La contralora Sandra Morelli acaba de enviarle a Ecopetrol una alerta ('función de advertencia') sobre la urgencia de extremar la vigilancia sobre el mantenimiento de todas las líneas de distribución de combustibles del país.

La razón de esa advertencia es la inminente llegada de la ola invernal y, sobre todo, las investigaciones por las dos emergencias con hidrocarburos de diciembre -la de Dosquebradas y la que tuvo a Cúcuta sin agua por casi tres semanas-, que de acuerdo con el organismo de control pudieron haberse evitado.

"Lo que está claro es que la tragedia de Dosquebradas no fue una consecuencia de la ola invernal y que tampoco había válvulas ilegales -reveló la Contralora-. En ese sentido, lo que sucedió es atribuible a una omisión en el oportuno mantenimiento del poliducto".

La investigación técnica señala que en el sitio de la explosión no hubo deslizamiento de tierras derivado del invierno, lo que descarta la que hasta ahora parecía como la causa más probable de la ruptura de la tubería. Hace una semana, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda entregó un informe en el mismo sentido. Desde el primer momento se descartó una fuga de combustible provocada por los ladrones de gasolina.

La Contraloría señala que correspondía a la petrolera prever y conjurar el riesgo de un daño en la tubería.

Mientras avanzan varias demandas civiles contra Ecopetrol por el caso de Dosquebradas, la Contraloría inició una indagación preliminar por el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y conservación de las líneas de distribución de hidrocarburos en el país.

Simultáneamente, avanza otro proceso por los efectos de la ruptura, el 11 de diciembre pasado, del oleoducto Caño Limón-Coveñas a la altura de Chinácota (Norte de Santander), que contaminó el río Pamplonita y provocó una emergencia sanitaria en Cúcuta, pues el afluente surte el acueducto de esa capital.

Por este hecho, el director de la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), Luis Lizcano, abrió un proceso sancionatorio contra Ecopetrol por los daños ambientales causados.

Así va lupa a emergencia

La Contraloría adelanta varias investigaciones fiscales por el manejo de los billonarios recursos que el Estado destinó para atender la emergencia invernal y realizar las obras necesarias para evitar nuevos estragos.

Aunque señala que "el país está mucho mejor preparado" tras la estrategia coordinada por el Gobierno en los últimos dos años, la contralora Sandra Morelli advierte que hay serias evidencias de malos manejos de los dineros destinados a proteger a las comunidades de la furia de las aguas.

La Contraloría investiga el destino de 42 mil millones de pesos utilizados en la zona de La Mojana y el fraccionamiento de contratos en el Valle.

REDACCIÓN JUSTICIA

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El Cairo, 29 nov (EFE).- Al menos siete personas, entre ellas tres miembros de las fuerzas de seguridad, murieron hoy en choques entre los leales al régimen sirio y opositores en las provincias de Homs e Idleb, en el centro y el norte de Siria, respectivamente.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron hoy en el este de la localidad de Saraqeb, en Idleb, tras un ataque de supuestos soldados desertores.

Los disidentes capturaron a dos efectivos de seguridad y los llevaron a paradero desconocido, agregó la organización opositora.

Por otro lado, la agencia de noticias oficial siria, Sana, informó de que las autoridades abatieron a cuatro "terroristas" e hirieron a otros siete tras un enfrentamiento en el barrio de Al Jalidiya de la ciudad de Homs, que también se saldó con siete detenidos.

Saná subrayó que las fuerzas de régimen se incautaron de un lanzagranadas en una de las casas de los "terroristas", además de tres vehículos supuestamente robados, uno de ellos un coche-bomba, con matrículas falsas.

En el interior de los vehículos hallaron artefactos explosivos artesanales, altavoces y placas ficticias.

La violencia prosigue en Siria, donde desde el inicio de la revuelta popular contra el régimen de Al Asad, que acusa a grupos armados y terroristas, han muerto más de 3.500 personas, según la ONU.

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Las autoridades libias se niegan a entregar a Saif el Islam a la CPI

Apenas tres días después del arresto, al sur del país, de Saif el Islam, hijo del fallecido dictador Muamar el Gadafi, la fiscalía de la Corte Penal Internacional busca ya en Trípoli la forma de juzgarle por crímenes contra la humanidad. Su titular, Luís Moreno Ocampo, y su segunda, Fatou Bensouda, analizan con las autoridades libias los detalles de un proceso judicial que incluirá al exjefe de espías de antiguo régimen, Abdulá el Senusi. “El arresto de ambos es crucial para juzgar a los máximos responsables de los crímenes cometidos en Libia. No es un asunto político o militar. Es un tema legal”, ha dicho Moreno Ocampo nada más llegar a Trípoli.

Sin embargo, tras la reunión mantenida hoy en la capital libia, las autoridades del país han declarado que no entregarán al hijo de Muamar el Gadafi a la CPI. El ministro de Justicia interino, Mohamed al Alagui -según unas declaraciones recogidas por la agencia oficial libia, WAL- ha afirmado que "la ley libia aclara la competencia de los jueces libios en el procesamiento de sus ciudadanos".

El Gobierno provisional ya había dejado claro que quiere que Saif y Abdulá afronten la justicia nacional. A los fiscales internacionales les corresponde “coordinar” un esfuerzo conjunto, pero la decisión final depende de los jueces de la Corte. “La orden de arresto (contra ambos acusados) fue emitida el 27 de junio de 2011, y hay estándares jurídicos que deben respetarse. Los jueces de La Haya decidirán qué hacer tras las consultas. La obligación de juzgarles está clara. No en vano el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas refirió a la CPI el caso de Libia, y las autoridades deben cooperar”, según Moreno Ocampo.

Saif el Islam fue capturado el pasado sábado cerca de la frontera libia con Níger. Abdulá en Senusi, cayó al día siguiente. El primero llevaba semanas escapando por el desierto. El otro permanecía escondido en casa de su hermana, al sur del país.

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DEPORTES EXTREMOS

Ex gerente de Transvial afrontaría de dos a tres años de prisión por ‘ carrusel de contratos”

La Fiscalía General imputó cargos ante un juez de Bogotá en contra del ex gerente de Transvial, Alberto Calderón Castaño, como supuesto autor del delito de falsedad en documento privado dentro del caso del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Calderón Castaño aceptó ante el juez del caso los cargos formulados por la Fiscalía y por ello podría afrontar una rebaja en la pena a imponer en su contra que sería de entre dos a tres años de prisión.

La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento contra el ex gerente de Transvial al advertir que no representa un peligro para la comunidad, ni existe el riesgo de que afecte las investigaciones en curso.

El fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Ricardo González, explicó que Calderón Castaño no tenía registro de antecedentes penales y esa es otra de las razones por las cuales no es necesaria su privación de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones, Calderón Castaño tenía conocimiento de la alteración de balances, el patrimonio y la experiencia de la empresa, lo que favoreció a los socios del grupo Nule dentro del proceso de licitación de la tercera fase de Transmilenio.

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